Economía
En 1996 Aznar hereda los Fondos Estructurales para el período de 1994-1999 con los que la Unión Europea pretende fortalecer la economía de los países más pobres (España, Irlanda, Grecia y Portugal). España percibirá más de la mitad de estos fondos, además será el país de la UE que más dinero reciba del Fondo de Cohesión y, tras Francia, de la PAC.[4] En esta legislatura el PIB de España vive un crecimiento un 1.1% superior a la media de la Unión Europea,[5] tendencia que se mantuvo en los años posteriores.[6]
El desempleo se redujo 7 puntos porcentuales en 4 años. Se flexibilizó el mercado laboral, ahondando la precariedad laboral. Mientras que los beneficios empresariales crecían por encima del 30%, los salarios aumentaron por debajo del 3%.[7] El aumento de los salarios era menor al de los precios haciendo que durante el mandato de Aznar el poder adquisitivo de los trabajadores se redujese un 4%, siendo España el único país de toda la Unión Europea donde se produjese un retroceso.[8] Los sectores que lideraron el crecimiento de la actividad laboral (construcción, hostelería, servicio doméstico...) generaron empleos poco productivos y consecuentemente bajos salarios. Los contratos temporales aumentaron hasta llegar a representar 1 de cada 3 puestos de trabajo, siendo esta cifra un 250% superior a la media europea. A pesar de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en febrero de 1996 los accidentes laborales se incrementan un 42% entre 1996 y 1999. El índice de siniestralidad pasó de 61 a 73 accidentes por cada 1000 trabajadores.[9] La UE recomienda en La Carta Social Europea que el salario mínimo interprofesional (SMI) sea igual o mayor al 60% del salario medio del país, en España alcanzaba el 34% en el año 2000,[10] situándose en 424€ mensuales[11] (742€ serían necesarios para cumplir con la recomendación de la UE).
Una de las primeras medidas del Gobierno de Aznar fue aprobar el «Programa de modernización del sector público empresarial del Estado», es decir, la sistematización de las privatizaciones. Algunas de las empresas que dejaron de ser propiedad del Estado en ese período fueron Telefónica, Endesa, Aceralia, Argentaria, Tabacalera, Repsol y Gas Natural. Los ingresos procedentes de las privatizaciones contribuyeron a reducir rápidamente la deuda pública del 68 al 63%.[12] Los sindicatos se mostraron contrarios a una medida que consideraban «pan para hoy y hambre para mañana».[13]
En 1999 España entra oficialmente en el Euro a pesar de no haber cumplido todos los criterios de convergencia marcados por la UE. La deuda pública sobrepasa el máximo fijado del 60% del PIB.[14] La inflación, aún siendo mayor a la media de la UE, se mantuvo dentro de los márgenes estipulados. El Gobierno no consigue el objetivo del déficit cero, aunque el Déficit Público se ajusta a los márgenes establecidos.[12]
En esta legislatura la presión fiscal aumentó más de un 10%.[15] En 1999 se lleva a cabo la reforma del IRPF, elevándose los tipos medios efectivos del 14,91% al 14,94%. Se redistribuye la carga, aumentándola en un 2% a las rentas más bajas, mientras la carga a las rentas más elevadas se reduce un 6%.[16] Se redujo el gasto en protección social (educación, pensiones, sanidad pública, seguridad ciudadana...) un 9%,[15] siendo en el último ejercicio de la legislatura del 20% del PIB frente al 27% de la media europea.
El precio de la vivienda aumentó más de un 28% en tan sólo 4 años. El precio medio pasó de 62.500 euros a 80.500, a lo que hay que sumar el aumento de las hipotecas del 45%, pasando de 47.500 euros a 69.000.[17] El esfuerzo para adquirir una vivienda aumentó, pasando de una relación precio/salario de 4,1 años en 1996 a 4,9 en 2000.[18]
No hay comentarios:
Publicar un comentario