Con sus recientes declaraciones a favor de una legalización de las drogas internacionalmente concertada, Felipe González ha vuelto a poner sobre la mesa un viejo debate que de tiempo en tiempo reaparace para ser inmediatamente postergado de la mano del discurso oficial de lo políticamente correcto.
Las consecuencias que se derivarían de un escenario de legalización son difícilmente previsibles, aunque alguna experiencia pudiera servir de referente, como es el caso de la legalización del alcohol en los EEUU tras un largo periodo de prohibición basada en análogas consideraciones de moralidad pública que las que se esgrimen respecto de las drogas; decisión que con sobrada perspectiva histórica hoy nadie discute como acertada.
Las consecuencias de la actual estrategia de represión sin embargo son sobradamente conocidas y han consistido en la generación de un mercado ilegal que dispara el precio de las drogas, de cuya producción y distribución se ocupan y benefician poderosas organizaciones criminales de muy diversa tipología, incluidas las de carácter terrorista, incrementando además el riesgo de los consumidores ante la inexistencia de mecanismos que garanticen la pureza del producto.
A los anteriores inconvenientes hay que añadir la necesidad de destinar ingentes recursos a la persecución y represión del tráfico ilegal, con resultados muy limitados en términos de eficacia, puesto que las aprehensiones resultan insignificantes en comparación con el ingente volumen de tráfico que consigue colocar su mercancía ilegal al alcance de quien quiera consumirla, beneficiándose por otro lado del atractivo que comporta lo prohibido, particularmente entre los más jóvenes.
En mi opinión todo esto pone en evidencia que el vigente modelo represivo ha fracasado y fracasa estrepitosamente cada día, lo que debería constituir una razón suficiente para abordar un nuevo planteamiento estratégico global en el que la legalización no debería ser descartada.
Mucho me temo sin embargo que a ello se opone un estado de opinión generalizado, eminentemente conservador, para el que la prohibición de las drogas no admite discusión ni alternativa, a pesar de que los hechos demuestran que más que aminorar el problema no viene sino a incrementarlo.
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